Así surge del primer tramo de la investigación que lidera el fiscal Omar Rodríguez tras la denuncia que hizo pública la diputada Leila Lloyd Jones a través de un mensaje de whatsapp que se viralizó, en el que habla de diputados que «cobraron 10 millones».Luego la diputada reconoció que no sabía de ningún diputado en particular que haya cobrado ese número ni ningún otro, pero señaló al abogado Guillermo Luis Corneo como una especie de «operador» para convencer a los diputados a que voten en favor del proyecto oficial, aunque no se lo dijo tampoco a ella en persona sino a su pareja, Gustavo Cardoso.

Toda esta comedia de enredos llevó a que el fiscal pida las primeras diligencias que se concretaron la semana pasada con el secuestro de los teléfonos del abogado, computadoras y documentación vinculada con la minería que él tenía en su propiedad.

«Esto no significa ningún delito en sí mismo porque el abogado había conformado una sociedad minera, aunque es un dato sospechoso que habrá que cotejar» explicó.

La figura que se investiga es el supuesto tráfico de influencias que Corneo pretendió sobre Cardoso, conviviente de Lloyd Jones y a su vez asistente rentado.

Pero otro dato que resulta raro es que ambos, es decir el abogado «inductor» como el asistente «inducido» son viejos conocidos de la política y militaron en la misma agrupación, según le confesaron por separado al propio fiscal Rodríguez.