El funcionario estimó que en breve debería haber una definición sobre la resolución final que en la actualidad está en el ámbito de la Asesoría Legal del gobierno.

Para Arbeltche, «no queda otra» que la rescisión porque de no hacerlo se incumple con los deberes de funcionario público.

Como si fuera poco, acusó a la conducción de esa compañía de tener prácticas extorsivas porque, según ventiló, utilizan a las fuentes de trabajo como una variable para la presión.