Además de la prisión preventiva que se dictó bajo la modalidad de «domiciliaria», también se abrió la etapa de investigación (procesamiento) a pesar de que los gremialistas tienen fuero gremial, sobre lo cual se argumentó que «para esa condición no está contemplado el delito que se investiga».

Los procesados son el Secretario General del SUPA, Alexis Gabriel Gutiérrez. el secretario gremial Bruno Nicolás Vera Igor, el Pro Tesorero Claudio Villarroel, el 1er. vocal suplente José Gabriel Zambrano y el pro secretario Juan Carlos Cipriano Inalef.

De acuerdo a la acusación que presentó la fiscal Florencia Gómez, los sindicalistas señalados por los empresarios del sector «exigían el pago de dinero de manera injustificada bajo amenazas».

La denuncia presentada por la figura de «extorsión y asociación ilítica» fue impulsada por los empresarios Raúl Matías Cereseto, Ezequiel Alberto Jaroslasvky, Sergio Gustavo Pantano y Luis Santander.

En la enumeración de los hechos, la fiscal repasó en su presentación que el conflicto se remonta a mediados del año pasado cuando los dirigentes acusados ganaron la elección del SUPA, a partir de lo cual comenzaron a exigir sumas de dinero «por fuera de paritarias».

Ante el rechazo de lo pretendido, el gremio «se negó a darles el personal para realizar las descargas de los barcos en un claro manejo extorsivo, pues si las empresas no cuentan con este personal, no se puede descargar la mercadería fresca, por ello la celeridad en el proceso de descarga es esencial, para que la materia prima llegue a las plantas respectivas».

Cabe recordar que los dirigentes gremiales consultados en su momento dieron una versión totalmente distinta de la acusación al indicar que «se trata de una causa armada para aplastar nuestro reclamo sindical porque los empresarios no quieren pagar lo que se acordó en paritarias y eso es todo».

Según lo expresado por Alexis Gutiérrez, en la banquina de Puerto Rawson «hay un grupo de empresarios que manejan todo, desde el otorgamiento de los permisos de pesca hasta las empresas de estiba y con eso controlan a las plantas pesqueras».

«Nosotros no nos dejamos atropellar y de ahí las denuncias que no nos van a acobardar» expuso.