Bard explicó que comenzaron a llegar con mayor frecuencia casos relacionados con boletas de gas y electricidad difíciles de afrontar, especialmente después de los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas. Citó el caso de una jubilada de Puerto Madryn que recibió una factura de gas de $200.000 con un ingreso mensual cercano a los $600.000.
La funcionaria advirtió además sobre familias que recurren a tarjetas de crédito, financieras y billeteras virtuales para pagar alimentos y servicios básicos, quedando atrapadas en esquemas de refinanciación con intereses muy elevados. Según explicó, la problemática afecta especialmente a trabajadores informales o personas que viven de changas, que muchas veces quedan afuera de las herramientas crediticias ofrecidas por el sistema bancario tradicional.
Frente a esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina realizó un planteo ante el Banco Central para analizar límites a los intereses aplicados cuando el financiamiento se destina a servicios públicos y alimentos. Una de las alternativas propuestas es establecer un monto básico por familia sobre el cual las entidades financieras no puedan aplicar tasas excesivas.
