Ferreira de las Casas dijo que la asociación ilícita entre los funcionarios municipales y la empresa Solbus del grupo MR quedó clara desde un principio.
Pero en la última reunión que se realizó ayer martes se llegó al colmo de negociar con dirigentes del sindicato de colectiveros la forma de resolver situaciones laborales como si los funcionarios fueran no solo voceros de la empresa sino más bien socios.
Lo llamativo es que en el último encuentro hasta llegaron a ofrecerle al sindicato los 900 millones que debe la municipalidad a la empresa Patagonia Argentina por subsidios no pagados, para que la UTA cubra las deudas de los choferes que no fueron absorbidos por la otra compañía cuando eso es culpa de la falta de cumplimiento del contrato porque tienen que poner en funcionamiento 26 colectivos que no llegaron «ni llegarán», aseguró.
Recordó además que desde Patagonia Argentina se denunció el incumplimiento de la concesión por parte del grupo MR por lo que piden la nulidad de todo el proceso licitatorio.
