Actualmente, la normativa vigente prohíbe cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante 60 años en bosques nativos y 30 años en zonas agropecuarias, un esquema que ahora se busca reducir con una iniciativa que ya se trata en el Congreso.
El punto central del debate pasa por la intención de achicar esos plazos a unos 20 años, lo que desde el ámbito provincial genera preocupación. El secretario de Bosques, Abel Nievas, advirtió que flexibilizar estos límites podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria, especialmente en regiones sensibles como la cordillera, donde los incendios suelen estar bajo sospecha.
En ese sentido, remarcó que los mayores conflictos se dan en zonas de interfaz, donde el crecimiento urbano presiona sobre áreas naturales protegidas. Sin embargo, aclaró que en los grandes incendios rurales no se registran cambios en el uso del suelo, que continúa destinado principalmente a actividades productivas como la ganadería integrada en bosque.
A la discusión normativa se suma un factor clave: la reducción del presupuesto para el manejo del fuego. Según precisó el funcionario provincial se eliminó un mecanismo de financiamiento que impactó en una caída cercana al 25% de los recursos, en un contexto donde la provincia enfrentó una temporada crítica con 71 focos de incendio y más de 60 mil hectáreas afectadas.
