El fiscal Omar Rodríguez reveló que ahora el juez Fabio Monti deberá resolver si confirma o no el beneficio procesal otorgado al profesional, luego de la impugnación presentada por el intendente de Gaiman, Darío James.
Rodríguez aclaró que la suspensión de juicio a prueba “no es una condena ni un acuerdo indemnizatorio”, sino una herramienta prevista en la ley para determinados casos penales. En ese marco, señaló que Soto Payva realizó un ofrecimiento económico considerado “razonable” como parte de las condiciones exigidas para acceder al beneficio.
“El proceso estuvo abierto durante un año y la Municipalidad de Gaiman nunca se constituyó como querellante”, explicó el fiscal, quien además sostuvo que el municipio “no reviste el carácter de víctima” dentro de la causa, ya que el bien jurídico afectado es la fe pública.
La investigación determinó que se habrían falsificado al menos 158 certificados vinculados a licencias profesionales. Según detalló Rodríguez, las personas retiraban la planilla oficial en el municipio, la llevaban al centro médico y luego la presentaban nuevamente para obtener el carnet.
El fiscal también confirmó que todos los carnets cuestionados fueron secuestrados y que quienes los habían obtenido debieron volver a realizar el trámite correspondiente.
En relación a posibles responsabilidades, Rodríguez remarcó que también podría existir responsabilidad de quienes tramitaron las licencias “sabiendo que no habían sido revisados” por profesionales médicos.
Por último, aclaró que cualquier eventual inhabilitación de Soto Payva para continuar realizando aptos médicos dependerá de organismos administrativos y no de la Justicia Penal.
Por otro lado, Rodríguez también se refirió a la investigación que involucra al ex fiscal Martín Castro, vinculada a la difusión de un video donde se observa la entrega de dinero.
Indicó que actualmente la causa se encuentra en etapa pericial, con análisis de teléfonos celulares secuestrados para extraer información que pueda aportar elementos a la investigación.
“Hoy las personas involucradas continúan en calidad de imputadas, pero todavía no existe una formalización concreta de cargos”, explicó el fiscal.
