El fiscal general de la unidad especial de investigación de delitos contra la administración pública, Omar Rodríguez, llevó adelante este jueves una serie de allanamientos en las ciudades de Rawson y Trelew.
En diálogo con la prensa, el fiscal explicó que se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación.

Los secuestros y las diligencias están relacionados con la investigación que se lleva adelante por la venta de lotes en la villa balnearia, pertenecientes a un macizo que era propiedad del municipio y que fue puesto en venta.

Esa operación había sido avalada por los concejales de Rawson, pero tras una presentación efectuada ante las justicia por los ediles Marín y Vega en la que efectuaban algunas objeciones, dio inicio la pesquisa.

Rodriguez señaló que según los primeros indicios, los lotes en cuestión estuvieron a la venta incluso antes que la empresa que ganó la licitación para hacerse de esas tierras, presentara el sobre con la oferta para la compra.

Entre otras irregularidades que detectó el fiscal, están las inconsistencias en los presupuestos, la falta de constancias de la presentación del sobre de ofertas y el nombre de quien realizó ese trámite, la falta de observaciones por parte de la comisión de adjudicaciones y el hecho de que el tasador de las tierras es amigo de quien finalmente se quedó con el macizo.

Además, surgió que la empresa que se quedó con el lote, vendió el 90% de las acciones a quien resultó el  dueño final explicó Rodríguez.

El fiscal agregó que por lo menos hasta el momento, no se puede establecer que exista un delito de estafa porque no hay damnificados que se hayan acercado a hacer denuncias en ese sentido, aunque no descarta que pudieran hacerlo si es que no se les devuelve el dinero de la venta.

Agregó que del total del macizo, se alcanzaron a vender 16 lotes a un precio de 50 mil dólares, pero esas transacciones fueron previas a la fecha de presentación del sobre licitatorio.

Además, la persona que resultó finamente ser la dueña del macizo no aparecía ligada en ningún momento a Genila SA, que es la empresa que hizo la compra.

El fiscal explicó que esta persona terminó siendo titular del terreno porque después de que se concretó la transacción con el municipio, esa compañía le cedió sus acciones al dueño actual, a quien Rodríguez no quiso identificar al menos por el momento.

El delito que se investiga es de negociaciones incompatibles, aunque también podría ser una tentativa de fraude porque el perjuicio económico no se concretó aunque esa habría sido la intención.

El hecho de que el intendente Damián Biss  vetara la ordenanza de venta evitó que se sumara otro delito como el de lavado de dinero, aunque para Rodríguez existió una falta consumada cuando los funcionarios se interesaron en una operación que estaba direccionada a un grupo que quería adquirir el loteo.

“Ahora tengo que identificar a los partícipes en el hecho. Quién tenía conocimiento y quién quería beneficiar a estos interesados” explicó el fiscal.

Otro dato que resulta de la investigación es que sólo con la venta de 16 lotes que forman parte de una franja particular, los vendedores lograban cubrir el dinero que debían pagar al municipio lo el macizo completo.

“Es decir que les quedaban 63 lotes libres” describió el fiscal.