Eduardo Molina, presidente de la entidad, recordó que “el medicamento no es un bien comercial, es un bien social”, y por lo tanto su venta debe estar estrictamente regulada por el Estado y bajo control profesional. “Cuando una persona llega a una farmacia, no solo se le dispensa el medicamento. También hay trazabilidad: se sabe de dónde proviene ese producto, cómo fue conservado y quién lo dispensa”, explicó.
En ese sentido, subrayó que tanto las leyes nacionales como provinciales, e incluso el Código Penal, establecen claramente que todos los medicamentos —incluso los de venta libre— deben venderse exclusivamente en farmacias habilitadas.
“No es solo una cuestión de legalidad, es una cuestión de seguridad sanitaria. Ya hemos tenido antecedentes gravísimos en Argentina, con medicamentos falsificados o contrabandeados, mal conservados o sin control, que provocaron muertes. Hubo casos de medicamentos oncológicos que eran simplemente agua”, recordó Molina.
El dirigente también alertó sobre las consecuencias de la desregulación, como la implementada a partir del DNU 70/23 del gobierno nacional. “Ese tipo de medidas baja los estándares y debilita el rol del farmacéutico como agente sanitario”, indicó.
En Chubut, la Ley de Farmacias exige una distancia mínima de 2.000 metros entre cada farmacia, con el objetivo de asegurar su distribución en distintos barrios y localidades. “En Puerto Madryn, por ejemplo, se ha logrado que las farmacias lleguen a las zonas periféricas. El sistema está pensado para que haya cobertura en todo el territorio”, explicó Molina, y añadió que en localidades pequeñas también se garantiza el acceso a los medicamentos a través de farmacias rurales o botiquines habilitados por Salud Pública.
Consultado sobre quién debe intervenir cuando se detecta la venta ilegal, Molina señaló que “la autoridad de aplicación es el área de Salud, pero muchas veces está desbordada”. En cualquier caso, insistió en que se trata de un tema de fondo: “¿Quién provee esos medicamentos a los comercios? Ese es el nudo del problema.”
Finalmente, remarcó que el mal uso de medicamentos tiene consecuencias concretas y costosas para el sistema de salud. “El Estado recibe anualmente una gran cantidad de internaciones por uso indebido de medicamentos. Hay que entender que un medicamento no es un caramelo: debe ser indicado para una sola persona y para un momento específico. Usarlo de forma irracional puede ser muy peligroso”, concluyó.
