Es porque la mayoría no tienen regularizado el terreno en la comarca andina donde estaban asentados, lo cual hace que el Estado no pueda reconocer una propiedad que no ostentan los pobladores construyendo en un predio que no pueden acreditar como propio. Así lo reconoció el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Carlos Simionatti.

El arquitecto reconoció que los propietarios «son los menos» en los casi 360 casos relevados de personas que recibieron daños totales o parciales en sus moradas.

Para los propietarios la respuesta será más rápida.
Y con otros se verá la forma de reubicarlos en terrenos municipales y así construir módulos.

Otro factor complicado de resolver es la instalación de servicios porque en muchos casos los afectados residían en terrenos de difícil acceso.
Y no falta tampoco la situación de quienes construyeron de manera precaria sobre suelo inestable, que Simionatti describió como «turba», donde directamente no se puede construir.