Esa repartición afectó, hace un par de semanas, una unidad móvil para hacer un relevamiento territorial y así detectar los perros que deambulan y advertir a sus propietarios que deben sacarlos de la vía pública.
Según describió Villagrán, si el propietario, tras ser advertido en más de una oportunidad de la ordenanza que prohíbe al perro en la calle, persiste en su comportamiento, se procede al retiro de la vía pública y se los aloja en los caniles, donde se aguardan 48 horas, tras lo cual se procede a la castración y la entrega en adopción.
En los pocos días de práctica ya se capturaron 7 perros, con lo que la capacidad de los caniles quedó ya superada a pesar de que recién comienzan, porque a esos animales hay que agregarle también los gastos que fueron recogidos por causas judiciales.
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