«Consideramos que sí existe un perjuicio concreto» indican desde la Mesa porque «el Estado tiene como función esencial administrar y ordenar la vida de la población y, especialmente, garantizar la seguridad pública. Cuando se vulneran los controles en la emisión de licencias de conducir, se afecta directamente esa responsabilidad».
El malestar quedó expuesto tras conocerse que el médico Diego Soto Payva, acusado de haber falsificado la firma de una psicóloga para emitir 157 licencias de conducir, logró que se cierre el caso tras reconocer su autoría y ofrecer el desembolso de 5.495.000 pesos como resarcimiento, pagadero en 6 cuotas, destinado al hogar de ancianos de Trelew Pedro Déttori.
El intendente de Gaiman, Darío James, se manifestó indignado por el acuerdo judicial que se logró sin notificarlos, siendo que ellos fueron los denunciantes, tras lo cual se engancharon luego los municipios de Trelew y Dolavon.
Sin embargo, la explicación que se le dio desde la Fiscalía es que no había obligación de convocar al denunciante y además que no ocurrió ningún hecho fatal.
James se entrevistó ayer con el jefe de los fiscales, Omar Rodríguez, a quien recurrió por una explicación.
Entre los argumentos empleados para cerrar la causa sobrevoló el razonamiento de que los demandantes de los carnets truchos sabían que los certificados eran apócrifos, por lo que la investigación se abriría para cientos de beneficiados por la maniobra.
Otro aspecto que ventiló el intendente fue el monto que pagó el médico para salir del banquillo de los acusados, que fue multiplicar lo que percibió como honorarios por la cantidad de casos.
