Entre los aspectos cuestionables, Coliñir recordó que se firmaron cheques diferidos y se sobreabundan garantías de pago que resultan absolutamente lesivas.
Coliñir parte de la base que el interventor no tiene el poder de celebrar semejante acuerdo de pago que a todas luces no se puede cumplir, sin previamente haber informado al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que dictó la intervención.
Del expediente al que él accedió, al menos, no hay constancia de que el juez haya autorizado la firma o que hubiera existido una consulta.
Se mostró extrañado por que la dirigencia política local no se expresó a pesar de la gravedad del tema porque esto terminará mal, incluso con posibles apagones o restricciones a servicios públicos básicos.
