La intención del proyecto es que ante determinados delitos el ministerio público fiscal puede intervenir dispositivos sin que medie la participación del juez de garantías.
«No estamos de acuerdo» adelantó Daroca, porque está de por medio el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Sin embargo reconoció que hay que aggiornar la legislación vigente para cuestiones complejas como el ciberdelito.
Aprovechó para agradecer la invitación que recibieron por parte de la legislatura para dar su punto de vista, una práctica que consideró muy positiva por parte de la cámara de diputados.
