Esos fiscales concluyeron que no había delito, lo que fue recurrido por los abogados que representaron a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales que, entre otras cosas, cuestionaron la rapidez en la que se expidieron sin recabar toda la información.
Tras una zaga de recusaciones y excusaciones, la causa recayó en el juez penal de Esquel, Carlos Richeri, quien resolvió rechazar la nulidad solicitada y confirmar la actuación de los fiscales.
Miquelarena se mostró particularmente sorprendido por el argumento que utilizaron los abogados acusando a los fiscales de no contar con una experiencia suficiente, como si existieran integrantes del ministerio público de primera y segunda categoría.
«Eso es grave, porque se desacredita a fiscales que participan de juicios por jurados en causas muy complejas» explicó el procurador, dando a entender que la desacreditación de su tarea va en detrimento de la imagen pública del poder judicial en su conjunto.
Al valorar el trabajo de quienes dependen de su jurisdicción, Miquelarena lamentó la renuncia de Omar Rodríguez a la fiscalía especializada en delitos contra la administración pública, cargo que costará mucho reemplazar toda vez que para cubrir un puesto en esa fiscalía estuvieron 3 años llamando a concurso sin éxito, hasta que lo obtuvo Lucas Papini.
