Ruffa recordó que la elección fue fiscalizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y por lo tanto el ámbito de discusión debería ser, en caso de judicializarse, el fuero federal.
El presidente de la cooperativa sembró sospechas sobre el camino elegido por los impugnantes, de la lista opositora a la conducción de la entidad, porque no recurrieron ni a la secretaría de trabajo ni al propio INAES para hacer el reclamo administrativo y fueron directamente al despacho de la jueza Aldazábal como si supieran que ahí le iban a dar la razón.
Si bien la decisión no fue institucional porque hasta hoy no habían sido notificados de la actuación de la jueza, Ruffa interpretó que lo más probable es que se acate la decisión de Juárez Aldazábal y se suspendan las elecciones porque no hay tiempo material para realizar la impugnación de la medida cautelar.
